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València se plantea imponer trabajos en beneficio de la comunidad a los menores que hagan botellón e intensificar el control a los locales que les vendan el alcohol, además de cartear a los ayuntamientos de los turistas que tengan conductas incívicas para informarles de su comportamiento.
Se trata de algunas de las iniciativas de la nueva ordenanza de Convivencia en la que trabaja el Ayuntamiento de València y que, según indica en una entrevista con EFE la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, pretende ser «una verdadera herramienta de transformación social».
«La Policía no tiene capacidad de acabar con el botellón. Es una costumbre adquirida y la única posibilidad que tiene el agente de frenarlo es la denuncia, que ha demostrado que es poco efectiva porque quien paga la multa son los padres», explica e incide en la necesidad de dar a este problema «un tratamiento más integral».
En su opinión, hacer «plantones» en las zonas donde saben que habrá botellón para evitarlo «es inefectivo y poco motivador para los agentes» porque evitan que se instale pero cuando se van los policías, vuelven los jóvenes.
«Creo que a un chaval que de manera consciente sepa que está molestando y tiene una conducta incívica, ponerle una denuncia que además van a pagar sus padres tiene poco de efectivo, pero que le pongan a hacer trabajos en beneficio de la comunidad puede ser más interesante», apunta.
Menguzzato plantea que una llamada de atención de los agentes a chavales de 12 o 13 años también «puede servir», además de controlar quién vende el alcohol e intensificar su labor de mediación con asociaciones de vecinos, con los establecimientos que incumplen la normativa y con quien compra la bebida.
«Podemos hacer un trabajo más transformador y que no sea solo plantarnos a vigilar en una plaza para que no se llene porque eso es lo que ha pasado en los últimos veinte años y el botellón no ha cambiado», indica y apunta que la nueva ordenanza busca que «los agentes tengan más herramientas para reconducir determinadas situaciones, más allá de la denuncia».
La ordenanza tratará de «dar respuesta a la realidad de una ciudad del siglo XXI» e incluirá también un apartado de turismo, explica la edil, quien reconoce que «denunciar a un turista que no viva en la Comunitat Valenciana no sirve de nada, no vas a cobrar nunca la denuncia y, aunque el requerimiento del agente, está bien, hay que ser más ingenioso y buscar alternativas».
Por ello, ve una «buena idea» que cuando un turista tenga una conducta inapropiada, el Ayuntamiento de València le envíe una carta al consistorio de la ciudad de origen del visitante «para decirle cómo se comportan sus vecinos cuando están de vacaciones».
No obstante, admite que muchas veces los turistas que nos visitan desconocen las normas de la ciudad y por ello, también se plantean «ser amables e informarles sobre las cuestiones a las que se puede enfrentar», sea la prohibición de bañarse en la fuentes o las zonas dónde puede haber más carteristas.
Para Menguzzato, los okupas «no son un problema generalizado» sino que está «muy localizado en el Cabanyal» y se trata de edificios municipales que van a ser rehabilitados para ofrecer servicios al barrio y que hasta que no haya una sentencia judicial, la Policía Nacional no los puede desalojar.
«Los que ocupan sin K y lo hacen por necesidad jamás serán desalojados sin buscarles alternativa, pero con el resto vamos a poner toda la carne en el asador», afirma y recuerda a los vecinos que «tenían esperanza de cambio tras décadas» que «un barrio no se cambia en un día» y que «todos los motores están en marcha en el Cabanyal y pisado el acelerador».
Reconoce estar «preocupada» por la falta de personal en la Policía y Bomberos aunque recuerda que están pendientes las 33 plazas de policías y 18 de bomberos este año y se comprometen a sacar cada año oposiciones, aunque no detalla para cuántas plazas y asegura que dependerá «de lo que dejen el capítulo I y la economía».
Menguzzato valora la colaboración de la Policía Local en la lucha contra el yihadismo, cuya competencia es de la Policía Nacional, y defiende el trabajo de prevención de los agentes de barrio que son los que «identifican los cambios de conducta o los hábitos al vestir y están pendientes de lo que se comenta en el barrio».
