Jose Cuñat
La guerra del cava vuelve por Navidad. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) informó ayer de que el Ministerio de Agricultura ha propuesto formalmente, a través de un documento que prevé aprobar en pocos días, limitar al máximo la autorización de nuevas plantaciones de uva destinada a la elaboración de cava.Según el borrador que el departamento agrario ha trasladado al sector y a las comunidades autónomas, la superficie disponible en 2019 para autorizaciones de nueva plantación en las zonas delimitadas por la Denominación de Origen (DO) Cava únicamente se podrá incrementar en 0,1 hectáreas, lo que implica en la práctica congelar el número de cepas. Esta restricción contrasta con el fuerte aumento que el Ejecutivo sí permitirá para nuevas plantaciones de uva para vinos en general, establecida en 4.747 hectáreas más.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) considera que los planes del gobierno central «se pliegan nuevamente, de manera descarada e inaceptable, a los intereses de las bodegas catalanas aunque esa medida suponga impedir a la fuerza el crecimiento que están experimentando las otras áreas españolas» que están autorizadas para la elaboración de cava como Requena, donde los agricultores y las bodegas han encontrado en este producto una alternativa viable dentro de un contexto generalizado de crisis de precios en el mundo vitivinícola.
Tanto es así que las cotizaciones medias que perciben los productores valencianos por la uva para cava suelen doblar a las obtenidas en otro tipo de vinos.
El presidente de la entidad, Cristóbal Aguado, señaló ayer que esta decisión del Gobierno parece anteponer las cuestiones políticas, «porque a nadie se le escapa la influencia del conflicto catalán, por encima de razones objetivas de mercado».
El sector del cava valenciano se encuentra en plena fase de expansión, con una subida este año del diez por ciento de las ventas y con una producción que ya alcanza los nueve millones de botellas. «Tratar de cortar las alas a esa progresión a golpe de decreto y de manera artificial es un nuevo agravio a la economía valenciana».
