Jose Cuñat
En ocho años, la superficie europea de cultivo de arroz se ha reducido un 42%. La política europea libre de aranceles enmarcada en el acuerdo ‘Everything but arms’ ha perjudicado notablemente a productores locales y a las zonas de cultivo. Desde que la Unió Europea incluyera en el tratado a Camboya y Birmania, las importaciones de cereal de estos dos países han crecido un 48% en ocho años y el grano procedente de este país ya representa el 16% de la cuota de mercado.La UE es el segundo socio comercial de Camboya, país del que en 2017 importó bienes por valor de unos 5.000 millones de euros, la mayoría productos textiles, de calzado y agrícolas, según la agencia EFE. Como consecuencia, además de reventar los precios de mercado, ha crecido el abandono de las áreas dedicadas al cultivo, ya que los agricultores no pueden competir con las condiciones de los países asiáticos. Según los cálculos de los productores valencianos, el precio del arroz se ha desplomado un 32%.
Los parques naturales españoles y valencianos sobreviven, en gran parte, gracias a los cultivos de arroz. El cereal se cultiva en áreas de alto valor medioambiental, como las marismas del Guadalquivir o, en el caso valenciano, l’Albufera y la marjal de Pego-Oliva. Productores y autoridades temen que si se abandonan los cultivos estas zonas queden a su merced y acaben deteriorándose.
Los productores de arroz reclamaron al Gobierno central, entonces con el PP al frente, que tomara medidas para proteger sus intereses comerciales, aunque no vieron sus peticiones resueltas. El Foro Europeo del Arroz se reunió en enero en Brusela, buscando crear un frente para respaldar a los agricultores comunitarios, y el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastiá, mantuvo varios encuentros con los productores para escuchar sus demandas. A través de sus representantes en el Congreso y el Senado, la formación pidió al Gobierno que solicitara la expulsión de Camboya y Birmania de este convenio. Los eurodiputados populares Esteban González Pons, Esther Herranz y Ramón Luis Valcárcel hicieron lo propio planteando una pregunta a la Eurocámara pidiendo que se aplicaran cláusulas de salvaguarda, unas medidas que prevé la UE para cuando las importaciones perjudican a productores comunitarios.
El programa ‘Everything but arms’, garantiza un acceso libre de impuestos al mercado europeo de cualquier exportación, excepto armamento, como forma de cooperar al desarrollo. Su finalidad, según el ministerio de Comercio español, es reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo mediante la generación de ingresos adicionales a través de sus exportaciones, garantizar los derechos humanos y laborales fundamentales y promover el desarrollo sostenible y la gobernanza.
La parte final de esta descripción es la que flaquea en Camboya y Birmania. Según Amnistía Internacional, en la primera mitad de 2018, periodo previo a las elecciones celebradas en julio en Camboya, «se intensificó la represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, los medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición política». Además, «las autoridades incrementaron la presión sobre la sociedad civil, con medidas como vigilar a trabajadores y trabajadoras de derechos humanos y restringir o suspender la actividad de organizaciones de observación electoral. Se redujo drásticamente la libertad y la diversidad de los medios de comunicación», dice la organización. En el caso de Birmania (Myanmar), la persecución de los Royhinga -una minoría étnica y religiosa-, hace el incumplimiento mucho más evidente. La población, un 4% del total en Birmania, está asentada en el país desde la época de la colonización británica, pero sus miembros no son reconocidos como ciudadanos.
Finalmente, fue el Gobierno italiano quien tomó la iniciativa y elevó sus demandas a la Comisión Europea. La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, anunció el 5 de octubre el inicio del proceso para poner fin a esta preferencia a menos de que haya una mejora «clara y evidente» sobre el terreno. Malmström justificó la medida por el clima de «acoso e intimidación» en las elecciones del pasado julio, que se celebraron con la oposición ilegalizada y su líder encarcelado, y en las que el partido gobernante ganó todos los escaños en juego. Así, Bruselas iniciará el proceso para suspender un trato comercial preferente en respuesta al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país asiático.
